Salario mínimo y apoyo a las PYME

Próximo a ser revisado por el Senado se encuentra el incremento gradual del salario mínimo, que busca alcanzar los $500.000 en julio de 2024, luego que la semana pasada el gobierno, a último minuto, lograra su aprobación en la Cámara de Diputados. El avance de la iniciativa se produjo gracias a la oferta del Ejecutivo de la postergación del incremento de la tasa de impuesto de primera categoría en 2023 y 2024 para las micro, pequeñas y medianas empresas, un beneficio adicional a los subsidios que ya contenía el proyecto para este grupo.

Resulta difícil desconocer que la realidad de las empresas de menor tamaño es compleja, más aún en períodos de contracción económica y elevada inflación. Un incremento en sus costos laborales como el propuesto por el proyecto de ley podría incluso afectar sus decisiones de contratación, lo que a su vez jugaría en contra de un objetivo aún más deseable en nuestra sociedad: la creación de empleo.

Por otra parte, apoyos como los planteados, aunque infrecuentes, pueden tener efectos indeseados, tal como lo han relevado varios centros de estudios durante la tramitación del proyecto, porque están desalineados con el aumento de la productividad laboral, y porque son “todo o nada” (si la empresa gana un peso más se pierden). A estas críticas se suma lo complejo que resulta para el Estado la administración de distintos beneficios superpuestos (y eventualmente el elevado monto de recursos fiscales involucrado).

Con todo, considerando lo deseable el incremento de los ingresos de los hogares en tiempos económicamente complejos, se debe siempre evaluar cuál es la mejor alternativa para alcanzar dicho objetivo. Un incremento en el salario mínimo puede resultar perjudicial para el crecimiento y la inversión, sobre todo para el caso de las empresas de menor tamaño.

Por ello, si lo que se busca es apoyar a los trabajadores en tiempos difíciles, el Ejecutivo debiese evaluar la utilización de los más US$ 1.200 millones distribuidos en tres años que se entregarán a la MiPymes en un complemento fiscal a las remuneraciones provenientes de empleos formales, de retiro gradual, que considere el nivel de vulnerabilidad de los trabajadores.